Esto es lo que va a pasar con los okupas que tienen hijos según la nueva ley

La nueva ley contra los okupas está en boca de todo el mundo después de haber sido vetada por el Senado por la gran cantidad de «enmiendas intrusas» que tiene la norma. Después de ser aprobada en su día por el Congreso, ahora vuelve a la Cámara Baja con el objetivo de que se pueda aprobar y publicar en el Boletín Oficial del Estado en los primeros meses de 2025. El centro de esta norma está en agilizar los desalojos de los okupas mediante juicios rápidos y evitar así la demora de meses como viene sucediendo en los últimos tiempos. Este cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal supondrá un antes y un después en el problema de la okupación.

Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez le quite hierro a la okupación en España, esto sigue siendo un problema para miles de propietarios que durante el año ven cómo crecen los okupas en sus propiedades. El pasado año 2023 se registraron un total de 15.289 denuncias por okupaciones en nuestro país en unos dígitos que dejan claro que hay mucho trabajo por hacer en lo que se refiere a las leyes que pueden frenar este mal que sufren muchos españoles en sus distintas viviendas.

Por ello, el Congreso aprobó el pasado mes de noviembre una nueva Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que va directa contra los okupas, impulsada por el PNV y que fue respaldada por la mayoría de formaciones como Partido Popular, Junts, UPN y Colación Canaria. Esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada y usurpación para que puedan ser juzgados mediante un proceso abreviado.

Dicho de forma más sencilla, esta norma consiste en agilizar los juicios para evitar el embrollo burocrático y que los okupas puedan ser puestos a disposición judicial a las horas de realizar una okupación. Esta decisión marcaría un antes y un después en lo que respecta a este problema en España, ya que las autoridades tendrían potestad para juzgar a los delincuentes de forma exprés sin tener que esperar meses mientras se resuelve la situación judicial.

La nueva ley contra los okupas

La enmienda del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entra de lleno en lo que se refiere a la usurpación, delito que está recogido en el artículo 245 del Código Penal. Esto se refiere a las propiedades que no son ni primera ni segunda vivienda y que no se considera un delito grave ya que la norma dice que no es un ataque a la inviolabilidad de la vivienda. Por ello, la Policía no puede entrar por las bravas y sólo se puede recurrir a un juicio.

Con la nueva ley contra los okupas encima de la mesa la usurpación podrá estar al nivel del allanamiento, que se refiere a la primera o segunda vivienda y que permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a actuar en menos de 48 horas sin acudir a juicio ya que se considera como un ataque a la intimidad de las personas. La nueva norma pretende igualar los delitos para agilizar los procesos.

¿Qué ocurre con los okupas si tienen hijos?

El cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hará que el juicio contra los okupas se resuelva en un plazo de 15 días desde que el caso llega al juzgado. Después, el juez tendrá un plazo de 72 horas para dictar sentencia. Y, ¿qué ocurre en el caso en el que los okupas tengan a menores a su cargo? La respuesta es fácil: lo mismo. Cuando entre en vigor la nueva norma no se tendrá en cuenta la situación de vulnerabilidad económica o si los okupas tienen hijos a su cargo. El proceso se tendrá que resolver en un plazo máximo de 15 días.

Esta nueva ley contra los okupas, denominada Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, lleva más cosas en el paquete y por ello se encontró con el veto del Senado por llevar «enmiendas intrusas». Tales como el fin de la Golden Visa para los extranjeros que vengan a España y cambios en el Estatuto de los Trabajadores relativo a la Ley de Paridad. Por ello se ha llevado de vuelta al Congreso y se tendrá que dictar sentencia sobre lo que realmente atañe a los problemas de los españoles: el problema de la okupación. Así que todo hace indicar que con su regreso al Congreso, en los primeros meses de 2025 se pueda aprobar para que posteriormente se plasme en el Boletín Oficial del Estado y que entre en vigor para la próxima primavera.